Los brasileños protestan contra el desmantelamiento de las pensiones

publicado el 17/03/2017 a las 14:45 , por CSI ITUC .

Más de un millón de personas de los 27 estados de Brasil participaron el 15 de marzo en las manifestaciones para protestar por los enormes recortes en las pensiones y en la seguridad social previstos por el extraordinariamente impopular Gobierno de Michel Temer

paulista

Foto: Ricardo Stuckert

Las protestas, organizadas por una amplia coalición de la que formaron parte todas las centrales sindicales de Brasil, además de movimientos de trabajadores sin techo y sin tierra, y grupos indígenas, entre otros, estuvieron acompañadas de huelgas de un día convocadas por docentes y trabajadores de los sectores de los metales, el petróleo, el transporte y los servicios públicos. Temer, elegido por un Parlamento completamente corrupto tras el golpe político contra la Presidenta Dilma Rousseff, ha puesto en marcha un brutal programa de recortes dirigidos a los trabajadores y a los más pobres, mientras su gabinete lucha contrarreloj para imponer una agenda favorable a las empresas antes de que una nueva ronda de sospechados casos de corrupción haga tambalear su pedestal.

En Sao Paolo, el ex Presidente Lula da Silva se dirigió a una multitud de 250.000 personas, afirmando que, “aunque débil y poco representativo, Temer ha conseguido reunir en el Congreso una fuerza política que ningún otro presidente electo había logrado hasta ahora. Están decididos a imponer una reforma de la seguridad social que prácticamente impedirá a millones de brasileños jubilarse. Los trabajadores más pobres, sobre todo en el noroeste rural, se jubilarán con una pensión equivalente a la mitad del salario mínimo”.


El Presidente de la CSI, João Felicio, ha expresado: “El 15 de marzo, los trabajadores y trabajadoras brasileños demostraron fuerza y coraje al manifestar su rechazo a estas reformas laborales y de la seguridad social provenientes de un gobierno impopular e ilegítimo. El apoyo internacional seguirá siendo sumamente importante a la hora de oponerse a estas reformas que castigan a las personas más pobres”. Según los planes de Temer, un docente tendría que trabajar ininterrumpidamente durante 49 años para poder cobrar su pensión completa, y lo mismo les sucedería a los trabajadores agrícolas. Las pensiones de los políticos y magistrados se mantendrían en cambio intactas.


Lula, que sigue siendo el político más popular de Brasil, está considerado como la peor amenaza para el Gobierno de Temer, y es previsible que los jueces partidarios de Temer sigan emprendiendo acciones legales contra Lula para impedirle que se vuelva a presentar a las elecciones. Una serie de abogados especializados en derechos humanos han remitido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la campaña judicial que se está llevando a cabo contra Lula, encabezada por el populista juez de primera instancia Sergio Moro. El pasado mes de julio, comentando esta iniciativa, el destacado abogado especializado en derechos humanos Geoffrey Robertson describía la persecución judicial contra Lula como una “grave violación del derecho más fundamental a un juicio justo”.


El Gobierno de Temer está dispuesto a lanzar una nueva ofensiva para debilitar la sociedad civil, atacando los derechos de los trabajadores y trabajadoras a una representación sindical. Pero se va a encontrar con una fuerte oposición en todo el país, respaldada por el pleno apoyo del movimiento sindical internacional.

 

 

 

 

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