Declaración Sindical presentada a la 46° Asamblea OEA

publicado el 30/06/2016 a las 10:06 .

DECLARACIÓN SINDICAL

1. El movimiento sindical de las Américas, representado por su organización continental, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), reunido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el día 12 de junio, con el objetivo de consolidar un conjunto de ideas y recomendaciones sobre el tema “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS” a ser presentadas ante las autoridades de los países miembros de la Organización de Estados Americanos que sesionarán en Asamblea durante los días 13,14 y 15 del corriente mes en esta ciudad.

2. Antes de entrar en la presentación de nuestra visión sobre el tema, consideramos necesario hacer varias reflexiones sobre el complejo momento político, económico y social que vive nuestro continente. Por considerarlo totalmente actual y adecuado a nuestra visión, utilizaremos en, líneas generales, el análisis realizado en el 3er. Congreso de la CSA, realizado el pasado mes de abril en São Paulo.

3. Estamos aún bajo los efectos de una de las mayores crisis económicas del capitalismo desarrollado que estalló en 2008. El impacto de esa crisis se hizo sentir de inmediato y fuertemente en los países de América Latina en sus tasas de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) que mostraron signo negativo. Sin embargo, hubo una rápida recuperación que alentó la idea de que había una “desconexión” entre los países centrales y los emergentes y periféricos. Esa ilusión se deshizo hacia el 2012-13

.4. Nos encontramos frente a un cuadro económico en donde se proyectan bajas tasas de crecimiento económico o cuadros recesivos para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La recuperación limitada de EEUU y Canadá no incluyó a las trabajadoras/es. Ese escenario coloca desafíos aún mayores para impulsar un auténtico desarrollo, ejercido de forma tal que responda equitativamente a las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras, con justicia social y aumentos de la participación del salario en la renta nacional.

5. El sistema financiero internacional, altamente desregulado, provoca crisis y no genera empleos. Poco más de 800 bancos y fondos de inversión ya controlan más de 70% de la producción mundial. La fase de la globalización neoliberal y la financierización de la riqueza que le acompaña, han incrementado las desigualdades en el mundo todo, revirtiendo inclusive la tendencia que se había verificado después de la Segunda Guerra Mundial en algunos países del Norte. Dos estudios recientes [del banco Credit Suisse y de la ONG Oxfam Internacional, publicadas en enero de 2016] muestran que la desigualdad en el mundo se ha agravado: 1% de la población mundial concentra más riquezas que el restante 99% y dentro de esa minoría privilegiada, 62 personas acumulan una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad más pobre de la humanidad.

6. Las políticas de ajustes estructurales llevadas a cabo en algunos países como respuesta a este nuevo ciclo de crisis, no han hecho más que profundizar la desigualdad en la distribución del ingreso con las consecuencias de mayor informalidad y exclusión, favoreciendo la apropiación de la renta y la concentración de la riqueza. Al mismo tiempo se está frente a una crisis de inversión, una crisis de deuda y una crisis de dinero que está ocioso.

7. La estrategia de las grandes corporaciones y de los gobiernos que las respaldan pasa en la actualidad por relanzar la negociación de nuevos acuerdos de libre comercio que sirven para presionar e imponer peores condiciones socio-laborales para los trabajadores y trabajadoras de los países involucrados. Por otra parte, los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI), vigentes en la mayoría de los países, se configuran en el otro componente de la arquitectura del libre comercio que funciona como la gran amenaza del poder corporativo a la soberanía de las naciones.El empleo, los derechos en el trabajo y la crisis.

8. De acuerdo con el Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2015 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) casi 8 años después de la gran crisis internacional, la recuperación de los mercados laborales sigue siendo frágil y desigual. El modesto crecimiento económico registrado durante la segunda mitad de 2013 y principios de 2014 está menguando, con grandes países de la zona euro que conducen la ralentización. La OIT considera que las recientes turbulencias en los mercados financieros complicarán la tarea de reducir las tasas de desempleo a los niveles anteriores a la crisis.

9. La crisis económica es utilizada por las empresas para hacer que los gobiernos impongan medidas para precarizar las condiciones laborales de las y los trabajadores alrededor del mundo. Los derechos de las trabajadoras/es, especialmente la libertad sindical y la negociación colectiva, son derechos humanos fundamentales y deben ser defendidos frente a las medidas anticrisis aplicadas en los ámbitos nacionales e internacionales, para evitar su regresividad.

10. Aún en la principal economía regional y mundial, los EEUU, la reciente recuperación económica ocurre con trabajos en condiciones precarizadas. Las y los trabajadores de ese país sufren un prolongado ataque al derecho a la sindicalización, cuya consecuencia ha sido el empeoramiento de la distribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores.

11. El impacto negativo de la coyuntura económica en América Latina y el Caribe continua. De acuerdo con el Panorama Laboral 2015 elaborado por la OIT, 1,7 millones de personas ingresaron a las filas del desempleo en 2015 en la subregión. El mismo Informe indicó la desaceleración económica no solamente causa aumento de desempleo, sino también de informalidad laboral. Las mujeres y los jóvenes son los segmentos más golpeados por esas tendencias regresivas.

12. Nuevamente el interés de los organismos financieros internacionales y de las grandes corporaciones es imponer a los Estados políticas de flexibilización mediante reformas a la legislación laboral, para poner a trabajadoras y trabajadores de los diversos países a competir entre ellos por empleo, aceptando condiciones laborales precarias. El argumento, siempre recurrente por parte del capital, es la amenaza a su deslocalización y la eliminación de puestos de trabajo, si no se aceptan las rebajas laborales. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI) hoy vigentes, contribuyen para ese resultado.

13. Los fenómenos de tercerización son utilizados por las empresas para evadir el cumplimiento de sus responsabilidades legales como empleadores y, en muchos casos, están dirigidos abiertamente a precarizar y desmejorar las condiciones laborales, así como dificultar el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

14. La imposición de un mundo del trabajo flexibilizado y desregulado también conlleva consigo la existencia de trabajos más precarios e inseguros. La ausencia de políticas públicas que amparen a las/os trabajadoras/os y la irresponsabilidad de los empleadores implica una pérdida de los controles y mecanismos de seguridad que protejan la vida y la salud de las/os trabajadores/as. Advertimos la presencia de nuevas tecnologías y la utilización de sustancias y productos químicos sin la debida comprobación de sus efectos sobre la salud de las/os trabajadoras/es, la población y el medio ambiente.La crisis económica y las amenazas a la democracia en las Américas

15. La imposición de una agenda radical de ajuste económico y limitación del contenido social y de derechos representa una serie amenaza para la democracia política en los países de la región. El autoritarismo del mercado presiona a los gobiernos para reducir, los ya debilitados, mecanismo de protección social de la población. La arremetida contra las empresas estatales y los servicios públicos, orienta una nueva onda de privatizaciones.

16. Frente a ello los sindicatos, las organizaciones campesinas, feministas, ambientalistas y otras expresiones sociales son hostigadas, desconocidos sus derechos y limitada su capacidad de reacción, vía criminalización de la lucha democrática y la persecución violenta de sus líderes.

17. Frente a ese escenario el movimiento sindical reivindica un rol tutelar y proactivo del Estado, como forma a superar la lógica del mercado hoy bajo predominio del capital. Es importante apoyar las políticas públicas que van en el sentido de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio post2015 (ODM) con la propuesta de incluir el pleno empleo y garantías a un ambiente favorable para el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones sindicales.

18. La Confederación Sindical de las Américas ha advertido sobre el cuadro de desestabilización de la democracia en nuestro continente, con un asedio factual de los poderes concentrados del capital, los medios de comunicación convertidos en partidos del orden neoliberal, así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En los hechos, en varios de los países de la región, como en Honduras, Paraguay, Brasil y Argentina hemos visto el retroceso de las libertades civiles y una persecución explícita a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que expresan una voz discordante con las políticas conservadoras que han eliminado instrumentos de políticas públicas vinculados a la cultura, a los derechos humanos, a la libertad de expresión.

19. En algunos países han llegado al poder gobiernos conservadores con agendas restrictivas en lo económico, social y político, que intentan desmontar incluso avances plasmados en las constituciones nacionales y que responden a conquistas de las sociedades logradas en décadas de luchas democráticas en la región. También se expresa una fuerte ofensiva contraria a los avances democráticos valiosos a la sociedad, como el combate a las diferentes discriminaciones y la inclusión de todos los ciudadanos, sin importar su sexo, orientación e identidad sexual, raza, origen social y étnico, edad o cualquier otro resabio autoritario de exclusión y discriminación.

20. Estos gobiernos neoliberales, con fuerte respaldo de corporaciones e instituciones internacionales y del conglomerado mediático nacional e internacional que defienden las ideas del gran capital, vienen disminuyendo los mecanismos democráticos de control de la sociedad, acelerando la persecución y criminalización de las organizaciones sociales.

21. Más lamentable aún es que volvemos a experimentar procesos de Golpes de Estado, en distintos formatos, que valiéndose de cierta institucionalidad jurídica o parlamentaria, pero en esencia violan la soberanía popular. Ya lo habíamos denunciado con los golpes en Honduras y Paraguay, que significaron formas de rupturas constitucionales a través de las cuales se instalaron gobiernos ilegítimos y desde donde se impusieron programas radicales de ajuste, se profundizó el desconocimiento de los derechos humanos y hoy son países en donde impera la pobreza, la exclusión social y la violencia.

22. Ese mismo camino está siendo transitado en estos momentos por la democracia brasileña, donde bajo argumentos no relacionados con crímenes de responsabilidad, no solo la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff ha sido apartada de su cargo, sino que además se ha desatado una feroz ofensiva del gobierno ilegítimo, transitoriamente en el poder, contra conquistas sociales, políticas y económicas acumuladas en 30 años de democracia en Brasil. La conciencia democrática en Brasil y en el mundo, se ha posicionado para condenar este Golpe institucional que oculta una agenda regresiva en lo social y cultural, al servicio del gran capital y el libre comercio en lo económico, además de ser contraria a la integración regional.

23. Semejante retroceso, visto en corta retrospectiva desde nuestro último encuentro el año anterior en Washington DC, nos interroga sobre la brecha que se abre entre los discursos internacionales de promover el entorno habilitante y un enfoque basado en derechos y la regresión que está viviendo la región. En particular, el asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental hondureña, la detención sin el debido proceso de la activista social argentina Milagro Sala, y la parcialidad de la justicia en muchos países -siendo el impeachment contra la Presidenta Dilma Rousseff el paradigma de la embestida de este nuevo orden social-, pone de relieve que las fuerzas conservadoras han avanzado en nuestra región en un sentido contrario a los compromisos asumidos en la Agenda 2030, en particular en lo referente a la meta 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.

24. Vemos con preocupación la actual crisis financiera de la OEA y reiteramos nuestro respaldo a este organismo regional y al trabajo que realiza en torno a sus pilares sobre el respeto a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo integral y la seguridad de la región. A propósito del lema de esta Asamblea, destacamos el trabajo de la OEA en el fortalecimiento institucional y el apoyo al diseño y ejecución de políticas públicas en distintos ámbitos, y reiteramos lo manifestado en la pasada Asamblea, “La nueva OEA debe ser espacio para el encuentro respetuoso entre la diversidad de expresiones políticas, culturales, étnicas y raciales de las naciones que la conforman. De convivencia tolerante entre proyectos políticos e ideológicos y modelos democráticos diferentes”, además, “en un mundo cada vez más multipolar, la OEA debe ser una referencia y espacio de expresión de la fuerza de una región que ha demostrado tener cada vez más peso en la definición de los asuntos globales.”

25. Vemos también con preocupación la actual crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligará a suspender sus sesiones en este semestre. Los Estados miembros de la OEA deben comprometerse a buscar salidas efectivas e inmediatas para el financiamiento de la OEA y de las instituciones creadas durante todo el proceso de conformación del sistema interamericano de Derechos Humanos (Corte y Comisión), así como otros mecanismos de protección de los DDHH creados bajo el amparo de la OEA. De lo contrario, los avances en derechos humanos de nuestra región en los últimos años se verán soslayados, y los registros de restricción democrática y de violación de derechos volverán a instalarse en nuestro continente. Nuestra visión sobre el Desarrollo Sostenible y la oportunidad de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

26. Defendemos un concepto de desarrollo que no sea solamente económico, sino también social y ambientalmente sustentable, basado no solo en las ganancias y el lucro para el capital, sino además en la preservación del planeta para las próximas generaciones, permitiendo a los países en desarrollo, una transición justa hacia una economía de bajo carbono, reconociendo el rol activo y democrático del Estado. Esta visión está expuesta en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) y ratificada en los documentos adoptados en el 3er. Congreso de la CSA, donde se expresa que un desarrollo sustentable solo será posible a partir de una efectiva participación popular de las y los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres y de los diversos movimientos y organizaciones sociales. Que permita promover crecimiento económico con efectiva distribución de la riqueza, respetando los derechos humanos, la igualdad entre géneros, el trabajo decente, la libre circulación de personas y la protección e inclusión social.

27. El movimiento sindical ha celebrado la adopción de la Agenda 2030, cuya rúbrica fundamental es “no dejar a nadie atrás”. Esta consigna desafía a nuestro continente a desarrollar una estrategia de transformación del modelo de desarrollo. La Agenda 2030 es un plan de acción integral e indivisible y todas sus metas son necesarias para que nuestra región logre construir un modelo inclusivo donde nadie se quede atrás. Somos conscientes que, siendo tan ambicioso el desafío, la prioridad de nuestro continente sigue siendo elevar el bienestar de nuestros pueblos terminando con el hambre, la pobreza y reduciendo la desigualdad en todas sus formas, pero para ello debe alcanzar un modelo productivo con trabajo decente, un programa de infraestructura y una industrialización inclusiva.

28. Tal como ha afirmado la CEPAL, en su reciente 36° período de sesiones en la Ciudad de México, “el mundo debe cambiar su insostenible estilo de desarrollo”. La Agenda 2030 constituye una oportunidad inigualable para transformar el actual modelo predatorio basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y de las y los trabajadoras/es –conviviendo con formas de esclavitud moderna que humillan a la humanidad-, que ha concentrado la riqueza de manera descomunal y ha puesto a nuestro planeta al borde del colapso.

29. La conjunción de una economía de sesgo recesivo, cuyas crisis se escalonan regionalmente, actualmente castiga a América Latina y Caribe con toda su fuerza, tanto en la reducción de los precios de los commodities, como en un comercio internacional con falta de demanda y exceso de liquidez. En pasadas épocas esta conjunción de factores ha devenido en un ingreso de capitales especulativos y de corto plazo en la región, que no significó un mayor bienestar para la sociedad, sino una mayor concentración de la riqueza y un endeudamiento externo insostenible.

30. Frente a este escenario sumamente riesgoso, enfatizamos la necesidad que la región desarrolle un marco regulatorio tributario que refracte y penalice a los sistemas financieros offshore. Este objetivo ya fue expresado por el movimiento sindical, y reforzado por la CEPAL, en la Conferencia de Addis Ababa de Financiamiento al Desarrollo (NNUU, 2015), donde el avance en tema de regulación del sistema financiero global fue muy escaso. En consonancia con el punto 22 de la AAAA – Agenda de Acción de Addis Ababa- los Estados de la OEA se han comprometido a mejorar la equidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de sus sistemas impositivos, mediante una fiscalización modernizada y progresiva.

31. Se ha instalado en todos los discursos de los organismos internacionales que la retracción de la economía y la necesidad de restringir los gastos públicos se logra reditando la preponderancia del sector privado empresarial como reasignador eficiente de los recursos y garante de la economía capitalista.

32. El paradigma privatizador, evidenciado en su falsedad luego de las crisis recurrentes de la década del ’90, deviene ahora en el apogeo del paradigma de las Alianzas Públicas Privadas (APP), presentadas como formas “innovadoras” y más eficientes de desarrollo y cooperación. El movimiento sindical de las Américas denuncia que estas modalidades de apalancamiento para el desarrollo de inversiones y en particular de infraestructura debe tener siempre al Estado como regulador y como instrumento político de redistribución de riqueza.

33. Las evidencias empíricas han demostrado que en la mayoría de los casos las APP resultan métodos más costosos de financiación, y reducir el gasto público lo han incrementado sustantivamente; asimismo, los costes de construcción y transacción son más elevados que en las obras públicas, no son eficientes y como contrapartida son poco transparentes y la rendición de cuentas es insuficiente o nula. Los gobiernos y las instituciones financieras deberían concentrarse en desarrollar las herramientas adecuadas para evaluar si es deseable utilizar las APP y en qué condiciones hacerlo. Denunciamos que en la mayoría de los países en desarrollo que han adoptado este tipo de alianzas, la pobreza y la desigualdad no ha sido reducida y no ha sido evaluado el impacto ambiental de las obras e inversiones.

34. Tal como fuera afirmado en el último Congreso de la CSA, el Estado tiene que ser el protagonista y garante en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo, basadas en las prioridades expresadas democráticamente por su población. En este sentido, rechazamos la privatización de la cooperación, que ha demostrado estar orientada al lucro privado en vez del desarrollo de los pueblos. Asimismo, defendemos sistemas de financiación del desarrollo respetuosos de la soberanía democrática de los Estados y basados en la movilización de recursos domésticos, a través de reformas fiscales progresivas, políticas de formalización laboral, fortalecimiento de las políticas salariales y de protección social, así como de los mecanismos de negociación colectiva y diálogo social.

35. Sabiendo que todos los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) expresan una visión integral de desarrollo y están interrelacionados, el movimiento sindical considera especialmente relevantes los objetivos vinculados a: poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1), inclusive a través de “sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos” (meta 1.3); poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria (ODS 2); garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (ODS 3); garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4); lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5); promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8); construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (ODS 9); reducir la desigualdad en todas sus dimensiones (ODS 10); adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13); y promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS 16).

36. Nuestro continente ha crecido en la última década pero sigue ostentando como destino inapelable ser la región más desigual del planeta. Los Estados se han comprometido en la Agenda 2030 ha reducir la desigualdad (ODS 10) en todas sus dimensiones y eso exige que se plasmen políticas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esa igualdad debe comenzar por un compromiso preciso y ejecutivo para reducir la tasa de feminicidio que avergüenza éticamente a nuestros pueblos. Sin políticas de género para poner fin a toda forma de discriminación, por elección de identidad sexual, de violencia y que promueva la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades (ODS 5, meta 5.5), así como el acceso universal a la salud sexual y derechos reproductivos, nuestro continente no podrá lograr el Objetivo 5-Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas de la Agenda 2030.

37. Igualmente esenciales para la justicia social en las Américas son los compromisos de la Agenda 2030 relativos al mundo del trabajo (ODS 8), donde todos los Estados se comprometen a “lograr el pleno empleo y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” hasta 2030 (meta 8.5), así como a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso e infantil en todas sus formas (meta 8.7).

38. Consideramos que esta Asamblea de la OEA en Santo Domingo, debe enviar una señal importante respecto de que en nuestra región existe un compromiso para la formulación de políticas que efectivamente avancen en el logro del desarrollo sustentable y que rompan la lógica del conservadurismo económico, restrictiva de derechos y favorecedora de los intereses de las corporaciones que dominan la economía global. Desde el sindicalismo de las Américas sabemos que la batalla por éste objetivo también está asociada a la defensa intransigente de la democracia real y efectiva en nuestros países, la promoción de la integración soberana de nuestras naciones y pueblos y el enfrentamiento de la agenda del libre comercio, que limita nuestra inserción internacional de manera no dependiente y colonial.

Santo Domingo, 12 de junio de 2016

 

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