Injusta condena contra los 11 campesinos de Curuguaty

publicado el 12/07/2016 a las 16:37 .

Quedó demostrado en juicio que no hubo invasión, ni hubo una asociación criminal clandestina, como pretendió decir la fiscalía y por lo cual solicitaron las penas máximas de prisión. Las campesinas y campesinos de Curuguaty estaban asociados legalmente a una comisión vecinal reconocida por el INDERT que les autorizó a tramitar esas tierras. La masacre de Curuguaty fue un ataque a las familias campesinas por el simple hecho de buscar tierra para trabajar y vivir con dignidad. El juicio lleno de irregularidades y contradicciones en la práctica fue la continuación de este ataque, sin ningún policía imputado, sin ninguna acusación probada y sin que se investigara la muerte de ni uno solo de los 11 campesinos asesinados.

Curuguaty

Reuters 

La masacre de Curuguaty y esta sentencia que condena a 11 campesinos a las penas de prisión más altas, que van de 4 a 30 años, sin que se haya probado ninguna de las acusaciones de la fiscalía, constituye un grave precedente de flagrante violación a los derechos humanos y al debido proceso en Paraguay, tal como acontecía en plena dictadura de Alfredo Stroessner, y pone al descubierto la articulación de los poderes económicos con el sistema judicial y los aparatos represivos del Estado paraguayo.

La CSA apoya a las y los campesinos y sus familias en su lucha por saber qué pasó, quiénes son los verdaderos responsables de la masacre de Curuguaty y que haya justicia para todas las familias perseguidas y enlutadas.

El movimiento sindical de las Américas emprenderá las acciones pertinentes en las instancias internacionales a fin de exponer estas violaciones a los derechos humanos de las campesinas y los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty.

 

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