Pero la lucha por el Trabajo Decente no se puede dar solamente un día por año. Toda nuestra política debe estar dirigida en ese sentido, todos los días. Tomemos ahora solamente dos componentes del Trabajo Decente y preguntémonos  qué estamos haciendo:

El primero es el de la Seguridad Social para todos y todas. Sabemos que en los países de América Latina solamente un 20 por ciento de las personas tiene alguna forma de cobertura de seguridad social. El 80 por ciento restante no goza de este Derecho Humano. El Convenio 102 de la OIT, que precisamente trata sobre la seguridad social, es uno de los menos ratificados en el mundo. Es ése justamente uno de los argumentos de quienes quieren flexibilizarlo o eliminarlo. Pero ese Convenio 102 refleja todo el contenido que la seguridad mínimamente debe tener en cada país. Va mucho más allá de las pensiones o jubilaciones y de la atención médica y contempla todas las circunstancias que le pueden suceder a una persona en su vida, contra las cuales debe estar asegurada si no quiere quedar en la calle, literalmente.

El gobierno de Brasil acaba de ratificar dicho Convenio y el gobierno de Uruguay lo está haciendo en este momento. Ello es muy bueno, pero todavía falta la ratificación de muchísimos países de las Américas. La tarea, entonces, para el movimiento sindical en cada país, es presionar a sus gobiernos para que también lo ratifiquen.

El segundo es el de la lucha contra la tercerización laboral. Este fenómeno que se extiende cada vez más en el continente, crea impactos negativos en los derechos de los y las trabajadores tercerizados. Es decir, los deja sin derechos, sin seguridad social, sin nada. Crea categorías de trabajadores de primera y de segunda, cuando un principio universalmente consagrado es el de “a igual tarea igual remuneración.”

Sabemos que existe también un precepto que no se respeta. Es el de que no se puede tercerizar la actividad fin de la empresa.  Pero igual se hace con la mirada permisiva de muchos gobiernos.

El movimiento sindical debe poner fin a esto. Debe presionar a los gobiernos a que se hagan leyes que consagren definitivamente que cualquier trabajador o trabajadora que labore para una empresa tiene iguales derechos que los demás, que no puede haber discriminación según el contrato. Así se hizo en Uruguay. Esto produjo una reacción áspera de los empleadores, quienes por ese motivo se levantaron de la mesa de Diálogo Social, pero la ley ya está y los trabajadores y trabajadoras, tercerizados o no, gozan de iguales derechos. En realidad, al eliminar las odiosas diferencias en derechos, se acabó la razón para tercerizar.

En las siguientes entregas iremos dando más componentes de una política de Trabajo Decente, la cual, para tener éxito, debe formar parte de la agenda de los gobiernos de todos los países. Por lo pronto, preguntémonos qué estamos haciendo con relación a estos dos puntos aquí referidos.